SIN FUNDAMENTO DESPIDEN A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MÉDICO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA EN IZÚCAR DE MATAMOROS

Por: Tomás Castaneira

Una ola de protestas y demandas laborales enfrentará el recién nombrado jefe de la jurisdicción sanitaria número 07, en Izúcar de Matamoros Carlos Ochoa Acevedo, por despidos injustificados de personal administrativo, enfermeras y médico.

Esta anomalía atenta contra los derechos laborales de los trabajadores, ya que Carlos Ochoa Acevedo no evalúa ni califica el desempeño laboral, tampoco se digna a observar los resultados del trabajo de los médicos, enfermeras y personal administrativo, quienes fueron separados de sus fuentes laborales.

Las irregularidades se advierten desde el 15 de febrero que tomó posesión de la jurisdicción sanitaria Carlos Ochoa Acevedo quien comenzó con el hostigamiento para 45 empleados de las áreas médicas y administrativas, al citarlos a su oficina para informarles que su contrato laboral ya no iba a ser renovado.

En los puestos vacantes, colocó a Verónica Nolasco Tufiño, quien en los años 2010-2017, estaba también como administradora en las gestiones de Gómez Orta, Miguel Cazares García y la finada Enoé González Cabrera

En el 2017, Nolasco Tufiño fue sorprendida recibiendo dinero de varios ayuntamientos, entre lo que se encuentra el del municipio de Chietla, que estaba a cargo en ese momento de Edgardo Ponce Cortes, quien entregaba los recursos para sufragar gastos de gasolina según se advirtió, que también eran para el programa de vectores, aun cuando la jurisdicción sanitaria tiene asignados recursos para solventar este gasto.

La administradora Verónica Nolasco Tufiño fue separada de su cargo en diciembre del 2017, por haber incurrido en anomalías como, pedir dinero y recibir dinero de los ayuntamientos, el cual jamás se supo en donde se invirtió.

Ahora Carlos Ochoa Acevedo, la vuelve a instalar nuevamente en la administración de la Jurisdicción Sanitaria, a pesar de los señalamientos en su contra, convirtiéndose en el brazo ejecutor del jefe de la Jurisdicción Sanitaria y proceder a despedir al personal médico, administrativo y enfermeras quienes no concuerdan con las afinidades partidistas del jefe de jurisdicción quien argumenta que estas acciones son ordenadas directamente de la Secretaría de Finanzas