APRUEBAN EN COMISIÓN REFORMAS A LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA




En sesión de la Comisión de Bienestar las y los diputados que integran este órgano colegiado aprobaron por unanimidad reformas y adiciones a la Ley de Desarrollo Social para el estado de Puebla, que tiene como propósito traducir y difundir los programas de carácter social a las lenguas originarias donde serán implementados.



Las reformas y adiciones a la Ley establecen que, en la planeación de la entrega y gestión del recurso público, deben estar contemplados mecanismos de difusión pública, evitando que su entrega sea de forma discrecional.



En este sentido, la diputada preopinante de la iniciativa, Tonantzin Fernández Díaz, señaló que con estas acciones se pretende generar mayor publicidad de los programas estatales y municipales de desarrollo social en la entidad.



La legisladora puntualizó que con las reformas a la Ley se pretende cumplir con la máxima publicidad de los programas sociales, a través de las lenguas originarias, evitando la discrecionalidad en su aplicación.



Durante la discusión del dictamen, la diputada María de Carmen Saavedra Fernández consideró que las reformas a la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla permitirán difundir los programas sociales en la lengua originaria de las poblaciones, permitiendo el acceso en forma clara y precisa, evitando hechos de corrupción y discriminación.



De igual manera, la diputada Iliana Paola Ruíz García refirió que, al difundir información de los programas sociales en lengua originaria, se evitará que la población caiga en manos de gestores estafadores que se aprovechan de las personas que buscan una mejor calidad de vida.



Finalmente, la diputada Liliana Luna Aguirre consideró que con las reformas a la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla se debe evitar la aplicación inequitativa de los programas de desarrollo social y solicitó que en las convocatorias para estos programas se de a conocer un contacto donde se pueda reportar actos de discriminación por parte de servidores públicos en la aplicación de los programas mencionados.

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